MULTAS Y SANCIONES INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES

MULTAS Y SANCIONES INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES

MULTAS Y SANCIONES INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES

Colombia es conocido a nivel mundial por su gran biodiversidad, es uno de los países con las reservas naturales más ricas del planeta, uno de los menos contaminantes en emisiones de CO2 que cuenta con variedad de especies, climas tropicales y cultivos de diferentes clases.

Esto sin duda, ha hecho que el tema ambiental esté en auge en los últimos años y a esto se suman otros factores, pero dos de ellos sin duda son los más relevantes, por un lado, el hecho de que el gobierno colombiano premia las buenas acciones de las compañías a través de reconocimientos públicos o mediante el apoyo en la reducción de impuestos como IVA  o impuestos  a la renta por la aplicación de tecnologías limpias, en sus procesos productivos y por otro lado, el cambio en la conciencia de las nuevas generaciones en conservar la reserva natural actual, resaltando la importancia del ecosistema para la supervivencia de las especies.

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Pero al ser un tema que, aunque lleva años, son muy pocos en los que se han tomado medidas para velar por su protección y hacer de este parte de nuestro diario vivir.

A raíz de esto, el gobierno nacional ha emitido normatividad que establece los procedimientos para sanciones ambientales como: la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, el Decreto 1076 de 2015 y algunas sentencias de la Corte Constitucional, dan orientaciones sobre el manejo ante situaciones que afectan el libre desarrollo ambiental.

La Ley 1333 de 2009, reconoce que el estado es quien tienen la potestad sancionatoria en materia ambiental y menciona algunos tipos de faltas que pueden presentarse como:

MULTAS Y SANCIONES INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES
Ilustración 1. Tipos de faltas ambientales

Pero aún y con estas normativas, las instituciones que deben velar y hacer cumplir dichas normativas, no realizan controles adecuados y las razones de ello sin duda son bastantes, lo que ha hecho que diversos gremios no asuman la responsabilidad que acarrea ocasionar daño alguno al ecosistema y al entorno que lo rodea. En pocas palabras, se presume, que a veces, quien cuente con más recursos es libre de ocasionar el daño sin resarcirlo.

Al respecto. Bejarano Constanz en su artículo: «El papel de la jurisdicción contenciosa administrativa en la aplicación de la Ley 1333 de 2009» manifiesta:

«Se encontraron muchas sentencias en materia sancionatoria, pero sólo algunas en el tema ambiental, evidenciando que aún es muy poco lo que el Consejo de Estado se ha podido pronunciar sobre los aspectos procesales y sustanciales de la Ley 1333 de 2009. Es así que se espera que en los próximos años esta alta corte conozca aún más de las vicisitudes de este proceso y pueda sentar su posición respecto de las dudas o vacíos que se están presentando y se puedan presentar. (p. 510)»

Quien además menciona que uno de los inconvenientes en la aplicación de la Ley, es la falta de profesionales ambientales en las cortes que permitan aportar su conocimiento ante situaciones de sanción ambiental.

Pero es igualmente relevante resaltar el compromiso del gobierno nacional en fortalecer y endurecer las sanciones a quienes infrinjan y ocasionen daño al ambiente y por ello la incorporación del país en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y en la ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) donde se busca que el país esté en la vanguardia de países más avanzados en este tema.

En la evaluación de desempeño ambiental realizada por la OCDE a Colombia, esta entidad resaltó que: “la contaminación atmosférica, la minería ilegal, los cultivos ilícitos para la producción de drogas y la deforestación y los fenómenos como inundaciones son problemas ambientales latentes en la nación (OCDE, 2014)”, adicionalmente entregó un informe con 45 recomendaciones donde se resaltan puntos a trabajar orientados a:

  • Crecimiento verde
  • Gobernanza ambiental
  • Biodiversidad
  • Minería

Frente a ello, el gobierno ha preparado sus planes de acción y se encuentran en desarrollo en pro de continuar con estas organizaciones que permitan al país velar por la preservación y conservación de los recursos naturales. El gobierno continúa endureciendo las medidas para quienes atenten contra el ambiente, situación que puede evidenciarse en el año 2020, donde a raíz de los cambios en las dinámicas laborales que ocasionó el COVID-19, las sanciones en materia ambiental se incrementaron de manera considerable.

Conoce las generalidades de la norma ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental.

Referencias

Constanza, B. R. (2019). El papel de la jurisdicción contenciosa administrativa en la aplicación de la Ley 1333 de 2009. En.García, M.P. Procedimiento sancionatorio ambiental :10 años de la Ley 1333 de 2009. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, págs. 463-512.

El congreso de la República. (21 de Julio de 2009). Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36879#:~:text=Objeto%20de%20las%20medidas%20preventivas,paisaje%20o%20la%20salud%20humana

Jorge, B. C. (01 de Septiembre de 2021). “Quien contamina paga” en la jurisprudencia de la corte constitucional. Obtenido de https://medioambiente.uexternado.edu.co/quien-contamina-paga-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-constitucional/

La República de Colombia. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1076 de 2015. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153

OCDE. (2014). Evaluaciones de desempeño ambiental Colombia . Obtenido de https://www.oecd.org/environment/country-reviews/Colombia%20Highlights%20spanish%20web.pdf

Perez Vasquez Manuel Antonio. (2020). Retos de la políitica ambiental colombiana frente a los desafíos de la OCDE y los ODS. Análisis Político. Análisis político, 33 (99), 101-120. Obtenido de https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90970.

Recordemos el decreto 1076 de 2015, decreto único reglamentario del sector ambiente.

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